Clara Celinda Mosquera Vasquez

Thursday, July 07, 2005

LA NIÑA DE NUESTROS OJOS

En la vida diaria cuando utilizamos esta frase nos referimos a algo que tiene mucha importancia para nosotros, quizá lo más preciado, lo que no se puede perder, lo que tenemos que salvaguardar. En el caso de los Magistrados y litigantes la “niña de nuestros ojos” no es otra cosa más que la independencia del Poder Judicial.

Señalemos en principio que el sentido de la independencia judicial, a decir del Magistrado y profesor universitario José Castán Tobeñas, consiste en el hecho que los Tribunales en sus sentencias y demás actuaciones deben atenerse a la ley y a sus propias convicciones, es decir, el Juez sólo está sometido a la ley, sin interferencias internas ni externas de ninguna naturaleza.

En ese sentido, la independencia de los jueces debe ser entendida como la facultad que tenemos para en el marco de la ley resolver conflictos con la más absoluta imparcialidad, al margen o por encima de las presiones internas, es decir, las que pueden provenir del interior del mismo Poder Judicial, o externas, que puedan provenir de los demás poderes.

Se trata pues de una garantía de la administración de justicia y un derecho de los justiciables de que sus procesos sean tratados con una óptica imparcial. Ello repercute en la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial. Un Juez está pues en la obligación de aplicar la ley con objetividad, sin hacer distingos entre los litigantes, olvidando lazos familiares o amicales. Por ello algunos autores no dudan en afirmar que la solidez de un sistema jurídico depende del grado de independencia e imparcialidad de sus jueces.

Pero ¿cómo lograr la tan ansiada independencia judicial? A decir de varios especialistas para lograr que nuestros jueces sean independientes hay que incidir en determinados temas como por ejemplo que la elección de los jueces esté exenta de influencia política y que sólo se elija a los mejor preparados, académica y profesionalmente y con una sólida moral.

Un segundo punto tiene que ver con la eliminación de la provisionalidad de los Magistrados, lo que los hace susceptibles en muchos casos a ser influidos por el poder político de turno, tal como aconteció en la década pasada.

Otro tema que merece atención es el que se garantice la inamovilidad del Magistrado de su cargo, la permanencia en su puesto y en las funciones para las cuales ha sido designado; ello obviamente se refiere a los cambios arbitrarios, pues nada impide que con el consentimiento del Magistrado o por disposición de la ley éste pueda ser trasladado.

Se afirma también que la independencia de un Magistrado está garantizada por el hecho de percibir una remuneración acorde con el delicado trabajo que realizan, ello impediría que el Magistrado ceda a presiones de carácter económico, así pues una independencia económica garantiza una independencia jurisdiccional.

Finalmente, pero no por eso menos importante, está el tema del autogobierno del Poder Judicial, en otras palabras, que sea este poder del Estado el que se dirija y controle a sí mismo, sin la intervención de los otros poderes del Estado.

Debemos reconocer que en nuestro país se han dado grandes pasos para lograr la tan ansiada independencia judicial sin embargo aún hay mucho por trabajar en ese punto, no olvidemos que es un tema de vital importancia pues finalmente como bien se afirma, la solidez de un sistema jurídico depende del grado de independencia e imparcialidad de sus jueces.

Friday, July 01, 2005

EL DILEMA DE LA PÍLDORA

En las últimas semanas, en nuestro país, se han desatado múltiples discusiones en relación a la decisión de la Ministra de Salud de incluir “la píldora del día siguiente” en los programas sociales de planificación familiar. Mientras que los sectores liberales están a favor de dicha decisión en el entendido que ello disminuiría notablemente la elevada tasa de abortos practicados en el país, los sectores más conservadores no han dudado en tildarla de abortiva, a pesar que la píldora en cuestión se viene comercializando desde hace varios años.

Dejando de lado polémicas de índole médico y/o religioso, quiero trasladar esta discusión al ámbito del derecho para ver si realmente “la píldora del día siguiente” atenta contra algún derecho protegido por nuestra legislación y de ser así, determinar si su uso es legal o no.

En primer lugar habría que señalar la función de la píldora. Los especialistas indican que la controvertida pastilla dificulta que el espermatozoide fecunde al óvulo: por un lado, porque impide la salida del óvulo, y por el otro, porque hace que el moco cervical se torne espeso, imposibilitando que los espermatozoides asciendan por el cuello uterino. Es decir no hay fecundación y mucho menos concepción.

Hay que anotar que los procesos de fecundación y concepción son distintos: mientras la fecundación define el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, la concepción comprende el momento en que el producto se implanta en el útero.

Veamos ahora lo que dice nuestra legislación al respecto. La Carta Magna en su artículo primero protege al concebido, señalando que es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, es decir, goza de todos los derechos, incluyendo obviamente el derecho a la vida.

El Código Civil por su parte adopta similar posición en su artículo 1°, pero añadiendo además que la vida humana comienza con la concepción. En tanto el Código de los Niños y Adolescentes en su artículo I del Título Preliminar establece que el Estado protege al concebido para todo cuanto le favorece, y añade en el artículo 1° que todo niño y adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Es decir, para nuestra legislación (estemos o no de acuerdo) no se puede hablar de inicio de la vida humana antes de la concepción, sino sólo y exclusivamente a partir de ella. Por tanto no protege el proceso de la fecundación tampoco a los gametos (óvulos y espermatozoides) en forma independiente, se puede concluir por ello que el uso de “la píldora del día siguiente” en nuestro país no viola el ordenamiento legal.

Sin embargo, considero que la protección a la vida humana por parte de la legislación peruana debería ser más amplia debido a que como bien señalan los especialistas la vida humana no comienza con la implantación del producto en el útero de la mujer sino mucho antes, con la fecundación; es decir, desde el momento de la unión de los gametos estamos frente a una nueva vida, dotada de su propia información genética que la hace diferente a la de los demás. Una protección de este tipo impediría que se atente contra la vida de los embriones y que sean sometidos a tratamientos que atentan contra la dignidad humana, como sucede en el caso de los bancos de embriones.

Los gametos en forma independiente no significan vida en sí mismos salvo que se unan, es más, la píldora del día siguiente tampoco los elimina, lo único que hace es impedir su unión. Sin embargo no puedo dejar de señalar que desde un punto de vista ético resultan cuestionables algunos malos usos que se hacen de ellos, comercializándolos o sometiéndolos a experimentación.

Considero pues que una discusión sobre la defensa de la vida en nuestro país no debería comenzar por el uso de “la píldora del día siguiente” pues su empleo, como lo hemos demostrado no es ilegal; más bien debería tomarse conciencia del tratamiento a la vida humana que se da en los bien montados bancos de embriones, donde centenares de éstos son eliminados regularmente, sin que nadie diga nada.

EVA JOLY: EJEMPLO DE JUEZ A SEGUIR

Hace un par de meses llegó a mis manos un texto de la ex Magistrada francesa de origen noruego Eva Joly, titulado “Impunidad. La corrupción en las entrañas del poder” (FCE, Buenos Aires, 2003), el que ha causado en mí grata impresión como mujer y como Juez.

El texto contiene un relato relacionado a las investigaciones llevadas por Joly por el lapso de seis años que descubrieron un caso de corrupción bastante sonado vinculado a la empresa petrolera Elf (“caso Elf”), donde existían no sólo intereses económicos de por medio sino también intereses políticos, y cuyas conclusiones llevaron a prisión a empresarios y políticos.

Para tener una idea de la importancia de la empresa Elf cabe señalar que tenía sucursales en 100 países, con más de 800 filiales, contaba con 90 000 empleados, y con facturaciones anuales superiores a los 30 mil millones de dólares.

Su trabajo ocasionó que la vida de Joly, antes apacible, se vea de pronto sacudida por amenazas e intimidaciones, presiones desde el mismo interior de la administración de justicia francesa, ataques a su honor, los que conforme avanzaban sus investigaciones se acentuaban, pero sin que eso significase que retroceda ni mucho menos, como ella misma dice, “que el miedo se apodere de mi vida”.

Incluso un usual viaje de retorno a su casa en el tren suburbano comenzó a significar un peligro para ella, por lo que se ve obligada a pedir protección policial por unas semanas, las que se convertirían en seis años debido a lo delicado de sus investigaciones y a las continuas amenazas.

Pero este texto no es un simple relato de experiencias de una Magistrada anticorrupción, sino que se convierte en un valioso material bibliográfico que nos muestra la lucha de una mujer de leyes por llegar a las entrañas de la corrupción poniendo en riesgo incluso su propia vida. No en vano afirma que “No está escrito en ninguna parte del código de derecho procesal que un juez tenga que soportar en el ejercicio de sus funciones ser el blanco de rumores constantes, de escuchas telefónicas indiscriminadas o de “consejos” manifiestamente mafiosos. Nadie le pide, al prestar juramento, que deba tener miedo al abrir la puerta. Ni que tenga que aguantar impasible las injurias reiteradas y las manipulaciones de que es objeto”

La lucha contra la corrupción ha pasado de ser un tema nacional para pasar a convertirse en uno de preocupación mundial, se trata de un problema no sólo de personas sino sobretodo de sistemas y ataca tanto el sector público como el privado, por ello la lucha contra ella debe ser constante y debe contarse con la participación tanto del Estado como de la sociedad civil, sector privado y la comunidad internacional.

Nuestro país no es ajeno a este fenómeno, pues salimos de una década caracterizada por ello y que ha llevado que al igual que en otros países tengamos Magistrados anticorrupción, cuyo delicado trabajo muchas veces ignoramos.

Pero la lucha contra la corrupción no sólo debe entenderse como una tarea propia del Poder Judicial sino que además se requiere, entre otras cosas, por ejemplo, de que exista equilibrio de poderes, que se garantice la transparencia en la administración pública, que exista una adecuada selección de funcionarios públicos donde no imperen las recomendaciones, transparencia en las relaciones contractuales de la administración pública, entre otros.

Es necesario además que se den leyes más ágiles para luchar contra la corrupción pues de muy poco sirve que se tenga buenos Magistrados pero que para resolver los procesos de corrupción recurran a leyes muchas veces en exceso formalistas. A esto hay que agregar la escasez de recursos y las limitaciones materiales de los Juzgados Anticorrupción.

A nivel internacional debe buscarse la cooperación internacional a través de convenios que permitan asistencia técnica y la coordinación de políticas anticorrupción entre los estados.

Pero creemos que por sobretodo debe de elegirse como Jueces Anticorrupción a Magistrados capacitados profesionalmente e íntegros moralmente, y dotados además de una valentía a prueba de ataques personales, pues muchas veces son estos ataques los que pueden afectar el libre desempeño de las labores de estos Magistrados. Estamos seguros que en nuestro país existen muchos émulos de Eva Joly, que a pesar de las limitaciones con las que cuenta el Poder Judicial siguen llevando a cabo un trabajo adecuado.

Basta recordar el temple de Joly en los momentos más difíciles de su investigación, pero las amenazas y presiones no fueron lo suficientemente fuertes como para doblegarla pues como ella señala “aunque llegue a titubear, aunque tiemble, aunque dude, aunque a veces me equivoque, no desistiré”.